Es inconveniente obligar a las compañías de seguros a aceptar riesgos con alta probabilidad de ocurrencia.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), los traumatismos causados por accidentes de tránsito constituyen uno de los principales problemas que debe afrontar el mundo en materia de salud pública.

Las lesiones y muertes que se ocasionan en siniestros viales continúan siendo un desafío para las sociedades modernas.

En este sentido, en muchos países la conducción de automóviles, por ser una actividad peligrosa, debe ser amparada por un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE), que permita reparar los daños causados a terceros.

La razón de la obligatoriedad está dada por la intención del Estado de garantizar el cubrimiento del mayor número de perjuicios generados a partir de un accidente de tránsito.

A pesar de que en la legislación colombiana la conducción se ha catalogado como una actividad peligrosa, el seguro de responsabilidad civil es voluntario para los vehículos de servicio particular.

Esta situación plantea varios desafíos y preocupaciones en términos de protección, tanto para los conductores como para los demás usuarios de las vías.

La situación descrita crea una brecha de aseguramiento en los perjuicios de daños extrapatrimoniales y daños materiales; de ahí surge una pregunta: ¿Sería conveniente ampliar la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para incluir la responsabilidad civil extracontractual?

Fasecolda explora la obligatoriedad del seguro voluntario, en virtud de la inversa proporcionalidad existente entre el elevado índice de accidentalidad y el bajo porcentaje de protección que tiene el parque automotor en el país.

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Ago 12, 2024